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La realidad de la okupación

El movimiento 15-M tiene un departamento llamado PIVE (punto de información de vivienda) que asesora a todo el que se encuentre en la necesidad de okupar una vivienda.

Una ciudad pequeña como Dos Hermanas, en Sevilla, cuenta con dos grupos de PIVE: uno en la misma ciudad -que, por cierto, suele reunirse en las instalaciones municipales de la biblioteca pública-, y otro en la barriada de Montequinto, que aunque a efectos prácticos podría considerarse más un barrio de Sevilla, pertenece al municipio nazareno.

En Montequinto las reuniones se celebran en un local pequeño cercano al parque de los Pinos, y luego en una céntrica plaza se hacen reuniones al aire libre con más contenido político, que ellos llaman Ágoras. Se trata más bien de un intercambio de ideas para buscar soluciones a los muchos problemas que todavía tienen las víctimas de la crisis.

Aunque el tema de la ocupación con K levanta ampollas, la que apoyan los PIVE tiene distintas connotaciones éticas: en primer lugar ayudan a personas que verdaderamente se encuentran en estado de necesidad, y para asegurarse de la veracidad de esta situación exigen documentación que la acredite, con el mismo rigor que la puede exigir cualquier delegación de Asuntos Sociales.

En segundo lugar se aseguran, como condición imprescindible y mediante nota simple informativa, de que la propiedad de la vivienda a okupar no pertenece a un particular, sino a una entidad bancaria. Y aquí viene el dilema ético, porque aunque sigue siendo un bien ajeno, lo cierto es que la bancos tienen un activo de viviendas procedentes de embargos tan amplio que en muchos casos escapan a su control. Hay entidades que ignoran que un piso en concreto forma parte de su activo, en qué estado se encuentra, e incluso si se encuentra o no okupado. La procedencia de la propiedad, aunque legal, resulta moralmente cuestionable.

En un PIVE se puede obtener información de cómo protegerse legalmente a la hora de okupar un inmueble. El momento más peligroso es el de la patada a la puerta, que nunca es patada, sino rotura y cambio de cerradura realizada con mayor o menor facilidad según las propias habilidades; es el único momento en que la policía puede practicar una detención si el okupa es sorprendido con las manos en la masa. Los objetos necesarios para la operación tienen que desaparecer para alegar que la puerta se encontraba ya abierta, con lo cual se evita el agravante de daño y fuerza en las cosas, y el delito pasa a ser Comisión.

Una vez dentro del inmueble hay que introducir objetos y enseres que demuestren que se hace vida dentro del mismo, así como permanecer un mínimo de tres días sin abrir las  persianas ni dar señales de ocupación. Después  se coloca en la puerta un papel informativo -también redactado y facilitado por el PIVE– con el objeto de evitar suspicacias y temor entre los vecinos. Se explica la situación de los ocupantes, su intención de no causar molestias y sobre todo el compromiso de contribuir con las normas y gastos de la comunidad, si los hubiere.

El siguiente paso depende ya de la intención del Okupa: si quiere negociar con rapidez un alquiler social con el banco, procede avisar a la policía de que se encuentra dentro del inmueble. Normalmente la policía se presenta en el mismo para pedir la identificación. En teoría, transcurridos los tres días preceptivos y pudiéndose comprobar que el inmueble sirve de vivienda se considera domicilio, y por tanto es inviolable; luego la detención no procede hasta que un juez dicte la Orden.

El PIVE desempeña en este punto su labor más importante: desde hablar con los vecinos para conseguir apoyos hasta presionar con la presencia de grupo más o menos numeroso en la puerta de los Juzgados o del Banco de quien se quiera obtener el alquiler social. Muchos de los casos se solucionan de forma satisfactoria para el okupa, y esto anima a otros a unirse al PIVE para solucionar su problema de vivienda.

Se da la paradoja de que una vivienda que haya sido embargada por la imposibilidad de su dueño de hacer frente a la hipoteca, se entrega a otra familia por un alquiler que ronda los 100 euros mensuales. El antiguo dueño tiene vetada la okupación del que fuera su domicilio, y para colmo el alquiler social que no se le concedió en su día mediante el razonamiento, se le concede a otro mediante la fuerza.

Una vez explicada la labor del 15-M, podemos deducir la existencia de dos tipos de okupación: la delictiva, o gentuza que destroza viviendas de particulares e instala en ellas plantaciones de María; y la desesperada, la que lleva a cabo gente que verdaderamente no tiene otra opción. Existe un gran número de personas de bien que han perdido trabajo, casa y hasta la salud para  obtener ambos bienes, que no son tales, sino derechos reconocidos por la Constitución.

De que no se cumpla la garantía  Constitucional que otorga a cada español el derecho a una vivienda digna tienen la culpa las Administraciones, incapaces de dar una solución. Las personas en riesgo de exclusión social que solicitaron en agosto de 2016 las famosas ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía todavía no han visto un euro de las mismas, cuando faltan días para 2018. Con datos como éste se comprende que en muchos casos no quede otra opción que conseguir un techo aunque sea costa de infringir la ley.

En  la misma ciudad de Dos Hermanas no existe posibilidad de acceder a alquileres sociales. Quien la necesite rellena por duplicado una instancia que se amontona en los archivos del Ayuntamiento; en la  delegación de vivienda facilitan un formulario de solicitud, pero informan de que es para nada. Tiene uno más posibilidad de resultar agraciado con una primitiva que con una vivienda social.

El parque de viviendas de Dos Hermanas es antiguo y está estructurado en guettos: Los Potros y Los Montecillos, que vienen a ser el equivalente a las Tres mil viviendas de Sevilla; no hay proyecto alguno de construir otra cosa que no sean rotondas; y así tiene visos de seguir la cosa hasta que no se le ocurra a alguien colocar en las rotondas cabañitas de Leroy Merlín y empezar a okupar suelo público.

Yolanda Cabezuelo Arenas

Yolanda Cabezuelo Arenas

Yolanda Cabezuelo Arenas es un espíritu libre, extraño equilibrio entre la estricta educación conservadora y la influencia librepensadora de su padre José Luis Cabezuelo Holgado, insigne abogado que durante muchos años lo fuera del Consulado de Italia en Sevilla, ciudad donde era conocido por su erudición.

De su madre, Laura Arenas Green, perteneciente a una familia aristócrata y aficionada a las Artes, hereda el de verbalizar y hacer visible la realidad. Hay que recordar que es sobrina de Luis Arenas Ladislao, conocido fotógrafo cuyo legado diera a la belleza de Sevilla proyección internacional, incluso la Sevilla secreta de la más estricta clausura en e Sevilla oculta, Sevilla eterna y Semana Santa en Sevilla.

Su tatarabuelo, Isauro López-Ochoa y Lasso de la Vega, fue un periodista perseguido por sus ideas liberales; fundador de la revista El Avisador, que contaba con la colaboración de Javier Lasso de la Vega, José Gestoso, Luis Montoto, Antonio Machado y José de Velilla, entre otros.

El ambiente familiar propició el trato desde niña con personajes destacados de las Artes, recibiendo una formación esmerada en el estudio de la Historia, Literatura, Música y Pintura, faceta que perfeccionó en la escuela de Artes Aplicadas y oficios artísticos de Sevilla. También fue alumna de José María de Mena en la escuela de Arte dramático, llegando a interpretar y dirigir obras como Cinco horas con Mario, La vida es sueño, Don Juan Tenorio y La casa de Bernarda Alba.

La principal temática de sus escritos ligeros se centra en el comportamiento humano. Para estudiarlo no ha dudado en introducirse en distintos ambientes sociales, incluso marginales. Aunque reconoce que “habría podido evitar conocer a algunas personas, he aprendido la importancia de los valores viendo las consecuencias que sufren quienes viven sin ellos”.

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