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Ignacio Fernández Candela
Domingo, 11 de septiembre de 2016
La retro-españa sociopolítica

Orígenes y causas de la radicalización (III)

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Noticia clasificada en: Ensayo Narrativa

El asalto al poder usualmente ha ido precedido de alguna circunstancia anómala que constituía un peligro contra la propia salud democrática.

 

3 - La disposición jurídica de los intereses políticos

 

    La radicalización política primero fue solapada, para cuarenta años después no disimular las consecuencias de ese origen extremista del que nunca renunciaron políticas en apariencia moderadas. Políticas que han terminado abriendo las puertas al extremismo hasta normalizarlo en las instituciones democráticas para, a continuación, implosionar el orden establecido.  Un caballo de Troya ideológico que ha terminado por aglutinar un amplio abanico de fuerzas políticas integradas en la izquierda.

 

    El primordial objetivo del radicalismo en la España constitucional fue la anulación de la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un propósito que no debía extrañar considerando los postulados del socialismo español que nunca mostró demasiados escrúpulos para violar la legalidad vigente cuando podía influir políticamente sin reparar en los criterios de los jueces. Esa manipulación histórica se hizo patente durante la II República y de manera más visceralmente purista a través del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que preconizaba el atentado personal contra el adversario político en tiempos de paz. Una manera poco sutil de situarse fuera de la Ley desde un prisma político, consciente de su influencia una vez controlara el poder.

 

Orígenes y causas de la radicalización (III)

 

    Si a estas alturas de la fenomenología sociopolítica desplegada por el socialismo no se censuran las palabras del fundador, sino que se le entroniza como facilitador del sino democrático, no ha de sorprender el extraño carácter de las medidas adoptadas por el felipismo para que el poder Ejecutivo tuviera influencia plena sobre el Judicial. Bastaba con disponer de jueces con carácter sectario para influir ventajosamente los destinos del país. Con un favoritismo alimentado desde el criterio político muy alejado de la debida imparcialidad. Una continuación de los postulados radicales preguerra-civilistas cuyo concepto de la democracia fue tan normalizadamente extraño como el entendido por Felipe González cuando el advenimiento a la presidencia vino precedido por otro de esos misterios sin resolver, como lo fue el 11-M respecto de Zapatero, que fue el intento golpista de Tejero en 1981.

 

    El asalto al poder usualmente ha ido precedido de alguna circunstancia anómala que constituía un peligro contra la propia salud democrática.

 

El socialismo en estos años siempre ha adoptado un rol salvador ante componendas artificiosas que influyeron electoralmente en cada momento decisorio que ha definido el devenir de España. Una misma definición del concepto político que bien podría denominarse falsamente redentora. Un escenario montado a propósito de componendas ocultas dispuestas para manipular la realidad sociopolítica de España una y otra vez.

 

    No es hiperbólico decir que la corrupción política ha sido proporcional a los logros jurídicos que consiguieron tapar una forma irregular de hacer política, legitimada por los tribunales cómplices de un poder que aun esquilmando los recursos del país siempre ha salido exonerado de responsabilidad por muy delictiva que haya podido ser la sospecha de corrupción estatal. Resulta paradigmática y sistemática la impunidad con que estadistas de dudosa honorabilidad han sido elevados a la condición de próceres de la patria, incluso descubriéndose los trapos sucios o sanguinolentos escondidos tras las compuertas de una presidencia de gobierno que sirvió para defraudar y saquear un Estado pésima cuando no malintencionadamente gobernado.

 

    La judicatura es el factor determinante por el que se ha intoxicado la teoría del Derecho transformada en la practicidad de la delicuescencia legalizada. Una antitética disposición de Justicia previamente influida por el beneficio político de tipo sectario y tabernario tal cual lo fue en los advenimientos de la Guerra Civil española durante la tumultuosa y anárquica II República.

 

    A pesar del paso del tiempo desde entonces y mediando pactos constitucionales, la realidad es que no existió un borrón y cuenta nueva o un inicio de voluntades alejadas de la confrontación de entonces, sumergiéndose en la apariencia democrática los verdaderos trasfondos que existían tras la aceptación de los acuerdos de la Transición.

 

    El carácter revanchista no declarado se contrapuso con la intencionalidad política de otros que sí creyeron en la regeneración mediante los consensos del Acta Constitucional avalada por referendo popular. La experiencia ha demostrado, percibiendo el balance de lo trascendido en la reciente Historia de España adentrada en el siglo XXI, que hubo ventajistas solapados tras el camuflaje del Estado de Derecho que arbitraron en las sombras lo que resultaría ser el engaño aceptado ante el gran tablero de juego de la reconstrucción nacional. No todos jugaron limpio ni mostraron las cartas sobre la mesa de la unificación de criterios, sino que guardaron estrategias totalitaristas que se llevaron a cabo una vez aseguraron contar con el beneplácito jurídico que posibilitó pasar por alto o por bueno auténticas aberraciones sociales, políticas y económicas usando la regla democrática a conveniencia mientras trampeaban premeditadamente la razón política, consensuada, que otros sí cumplían.

 

    La justificación política sobre la influencia jurídica es un credo asumido por los togados que pervierten la razón del Derecho por preponderancia del legado ideológico al que se deben. Ésa es la realidad que no ha surgido de la nada sino que ha sido una paulatina asimilación del concepto jurídico hasta que no ha sido posible disimularlo más, después de haber mostrado una funcionalidad escandalosa tras décadas de un proselitismo que ya no se disimula, precisamente por el logro de la radicalización de lo social cuestionando ya la validez institucional del Estado español. Todo ello habría sido imposible sin esas sentencias u obstaculizaciones en los despachos jurídicos que han asumido un papel de intervencionismo a espaldas de la sociedad que se ha transformado mediante decisiones difíciles de asumir socialmente pero finalmente arraigadas por la imposición del tándem de poder Ejecutivo-Judicial. 

 

    Las consecuencias de esas decisiones anómalas y arraigadas en la costumbre política del radicalismo encubierto,  son la incertidumbre y el desequilibrio institucional con que España dirime su propia identidad histórica después de haber sido desahuciada del orden comprometido de lo constitucional, para regresar a los prolegómenos de etapas pintiparadas a las otrora inmersas en  la confrontación desintegradora del concepto de nacionalidad.

 

    Cuando el poder Jurídico legitima la acción política mediante el sesgo ideológico su función degenera más allá de toda teorización de pensamiento político y muta para convertirse en un factor preponderante de la corrupción política. No porque conforme un cuerpo de integridad sino por su capacidad bicéfala para seguir impartiendo Justicia sobre el propio país que a su vez es víctima de la injusticia originada por los tribunales.

 

    El Tribunal Constitucional está lastrado históricamente como un parcial espacio de tomas de decisiones que han sido impulsoras de criterios en los antípodas de las argumentaciones propias del Estado de Derecho y de las características que han de satisfacer las garantías constitucionales de los españoles. De manera biunívoca el poder Judicial ha protegido la irregularidad ejecutiva, del mismo modo que el poder Ejecutivo ha cubierto mediante el abuso, silenciado pero evidente, ese sectarismo de jueces afines a un ordenamiento ajeno al bien plural de la ciudadanía.

 

    No es buen gobierno el que cifra los empeños democráticos en contentar los más radicales sectarismos para así facilitarse la gestión, incluso vulnerando la moral más básica y la elemental dignidad. El pulso del poder en España radica en la trascendencia de las leyes aplicadas según el signo político que pretende influir sobre los destinos más allá de la periodicidad de la evolución en la convivencia social.

 

    La Ley del aborto, verbigracia, es un caballo de batalla que refleja la discordia en la imposición de reglamentaciones dependientes de oportunismos políticos que son usados como arietes para explosionar la paz cívica. Leyes claramente politizadas que adolecen de imparcialidad siendo complicidades jurídicas las que se atienen al mandato político dada la sensibilidad social que provoca un debate que cuestiona la vida de los inocentes. Parece que importa poco la esencia de esas decisiones imperativas contra la existencia de los más desprotegidos, siendo primordial la instrumentalización que de ese debate consiguen algunos para volcar en radicalidades el equilibrio democrático basado en la transigencia de la vida frente a la desintegración del proceso natural de la génesis cuya negación va contra natura. Cuestiones jurídicas que se determinan según el color político que obliga a pronunciarse a los jueces siguiendo criterios de descohesión jurídica mediante presiones gubernamentales.

 

    Cuando un proceso de corrupción se acrecienta sin censura ni impedimentos, el perjuicio que se causa tiende a la costumbre aceptada y se asienta en el devenir periódico de la convivencia. Tanto más sucede cuando la corruptela jurídica es admitida como un mal influyente y por ello no reprobable. A vueltas con la indolencia y la falta de coraje de lo español, se han aceptado casos de escándalo mayor que se han solventado con unos pocos titulares, unas cuantas manifestaciones y el silencio cadencioso de la protesta acallada por la idiosincrasia del olvido y del ocio convenido como el opio del pueblo-espectáculos variados- en que se sustenta la imprudente comodidad de la desmemoria generalizada.

 

    Recientes sentencias pergeñadas con ninguna imparcialidad, esgrimidas por  artificiosas y prolijas deliberaciones intentando justificar lo injustificable, han convenido con el trato político de lo oscurantista que sin el resuelto apoyo jurídico se habría convertido en una torpe  maniobra penada por Ley.

 

    La certeza de esas sospechas largamente alimentadas, irrumpieron con la sentencia sobre la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.  Aquella sentencia constituyó el pretexto legal para que el arbitraje político favoreciera una amnistía general de presos de ETA y siendo el proceso de un descaro impensable como para mantener el prestigio jurídico de quienes no podían sostenerlo, se ampliaron las excarcelaciones a criminales como violadores y asesinos de niños por imperativo legal.

 

José María Ruíz Mateos

 

    La punta del iceberg se convirtió en esa mole sumergida que dio razón veraz sobre el doble filo de navaja jurídica presta a la funcionalidad del disimulo como al carácter hiriente como arma ofensiva contra el derecho básico del ciudadano. Menos credibilidad hubo en aquella decisión que dejó en solfa la honorabilidad de algunos togados, cuando se contrastó la medida de excarcelaciones a granel frente a la sentencia de 1993 por el que el mismo Tribunal Europeo condenaba al gobierno de Felipe González por negar las mínimas garantías procesales al empresario José María Ruiz-Mateos a causa de la expropiación de Rumasa en 1983. Entonces los jueces españoles se pronunciaron, afirmando no estar subordinados a decisiones de jueces europeos y omitieron toda referencia de la sentencia a favor del empresario.

 

    Una demostración de que seguían subordinados al poder absoluto del felipismo desde que el Tribunal Constitucional, el mismo aglutinador de escandalosas deliberaciones con atisbos de sectarismo evidentes, dio validez a un decreto ley del gobierno socialista hecho ex profeso para saquear el Holding. Y digo bien que fue saqueado el Holding pues en 1997 fue exculpado de toda imputación el empresario y financiero sin que al día de hoy se haya pronunciado la Justicia al respecto, treinta años después de la expropiación que se convirtió, con aquella falta de culpabilidad, en acción delictiva.

 

    Lo cierto es que el sectarismo político usado hasta sus últimas consecuencias por Felipe González terminó horadando el mismo Estado de Derecho con los jueces elegidos por el bipartidismo que en sus abusos consentidos terminaron arrasando con la base estamental y económica del país.

 

    En la consciencia de la manipulación jurídica sobre acuerdos políticos repartidos para blindar gestiones gubernamentales, el poder Jurídico ha ampliado los supuestos delictivos que han recortado alarmantemente los derechos de la ciudadanía.

 

    El recorte muy sensible  de esos derechos del ciudadano ha consistido en una multiplicación de leyes y condicionantes legales que podrían convertir en delincuente a cualquier persona que durante décadas se haya conducido por la vida con absoluta conciencia de integridad personal. El Estado somete por control jurídico al ciudadano empequeñeciendo el espacio de la libertad al precio de la impunidad política: la del poder absoluto como el que Felipe González y Rodríguez Zapatero llegaron a ejercer conscientes de la importancia de aniquilar la separación de poderes garante de la democracia real a la que se aspiraba cuando se firmaron los pactos de la Constitución en 1978. Tentación que tampoco ha evitado Mariano Rajoy durante el Gobierno de su primera legislatura, a falta de dirimirse la presidencia de la factible segunda  que está en el aire al día de hoy.

 

    Las prebendas políticas siguen existiendo a ojos de una Justicia que no es ciega ni lleva vendas. Una Justicia afín a cada interés partidista que además acrecienta sus diferencias por las mismas divergencias que campan por sus respetos en el ámbito de la intención secesionista u otros amplios espectros de acuerdos bajo cuerda;  a espaldas del espíritu de la Transición que hoy es un vestigio histórico de aquellos deseos sanos de la libertad que otros aprovecharon para imponer, a escondidas, sus planes de transformación en tanto se beneficiaban de las etapas para llegar a dispares meta ajenas al beneficio colectivo del país.

 

    La única Justicia que existe en España hoy en día es la que aportan jueces que no estén conexionados a influencias mayores o no se dejan coaccionar siendo, por el contrario, los tribunales de mayor responsabilidad estatal, los actores de un teatro jurídico donde los verdaderos protagonistas son los que eligen el color de las decisiones que siempre serán oscuros para el pueblo en tanto las fuerzas políticas clarean sus vergüenzas por las circunstancias inevitables de una degeneración en lo democrático evidente y, lo que es peor, asumida en esa normalización de la radicalidad indispensable para consentir lo que antes era inadmisible.

 

    Tal es así que la política de segregación no se origina en los intereses que pugnan por un secesionismo sin resistencia jurídica, sino en el propio poder central que alienta con solidez la ambición separatista, como hizo Rodríguez Zapatero con el Estatuto Catalán, o la motiva por omisión como ha sido el caso de la estrategia arriolista de Mariano Rajoy durante el gobierno del Partido Popular.

 

    Es en la coyuntura política donde se trastoca la funcionalidad judicial y se evidencia la inexistente separación de poderes cuando a conveniencia la Ley establece una tierra de nadie que parece pactada desde los distintos partidos, cuya área de influencia ha intoxicado al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo. Existen instrucciones que se acatan por los jueces, erosionando la capacidad legislativa de un país que ha perdido irremediablemente la confianza en las instituciones que deben velar por el equilibrio constitucional hoy en precaria disposición para seguir ordenando un orden jurídico creíble y respetado.

 

    La vuelta atrás hacia la convulsión históricamente social, el carácter retrógrado de la cuestión sociopolítica, estriba en la falta de confianza ante un criterio jurídico absorbido por el ejecutivo de manera someramente informal y por ello más escandaloso que no permite augurar una regeneración democrática. Atrás queda  la funcionalidad consensuada de un caduco espíritu de la Transición abandonado  en el baúl de los olvidos, abierta la caja de Pandora de las discordias sin que la Justicia pueda mediar siendo parte preponderante y responsable del declive y la disgregación institucional de España.

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