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Ignacio Fernández Candela
Viernes, 26 de agosto de 2016
La Retro-España sociopolítica del siglo XXI

Orígenes y causas de la radicalización

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Noticia clasificada en: Ensayo

Todo ha cambiado ahora. La actual irrupción de Podemos no participa ni del humanismo político ni de la cuestión maquiavélica, posicionándose un paso más allá en el radicalismo de Guiarccini, el severo crítico renacentista de la democracia  a la que condenaba como causante de la inestabilidad y el desorden.

 

1- El  Pacto de las decadencias

 

    Resulta escandaloso el silencio, quizá por temor y comodidad aunados, que da conformidad a cuantos hechos han marcado un declive agónico de la proyección institucional, antes sistemáticamente efectiva mediante el arbitrio testimonial de la Corona. Una monarquía parlamentaria como marchamo de garantía acerca de la validez constitucional sobre la que la democracia española transmitió los valores veraces de la voluntad popular, hasta que las urnas se convirtieron en la mayor justificación para atacar a la democracia desde sí misma. No fue así en principio, antes de que algunos usaran la debilidad de lo democrático  para ensanchar una brecha de disensión calculadamente instigada desde las sombras.

 

    En esos inicios, ya lejanos en el tiempo como en la intención, la política era un instrumento de servicio para el pueblo por mor de una vinculación de objetivos, aglutinando la diversidad constructiva de la rosa de los vientos ideológica. Sin embargo,  la democracia no sólo trajo la libertad sino también, a tenor de los hechos acaecidos que han quedado reducidos a misterios, incluso históricamente, sin resolución, la oportunidad de aprovechar un régimen de libertades para pergeñar proyectos secretamente constituidos a espaldas de lo plural. Sólo así se explica la existencia de un oscurantismo repetido que ha caracterizado nuestro proceso constituyente. No por mucha iteración en la denuncia  podemos alcanzar a vislumbrar el calibre del perjuicio que ha repercutido contra la ciudadanía hechos como la intentona golpista del 23 F; el otro 23 F de la expropiación delictiva, a todas luces, de Rumasa encubierta durante treinta años, o la masacre del 11-M.

 

     El devenir de esos acontecimientos muy seguramente fue precedido por  una lucubración en despachos influyentes, para trasladarla a la acción y reacción de una ciudadanía muy dependiente de poderes decisorios  que antecedían a los manipulados decretos del pueblo que en apariencia era dueño de su destino ante la convicción electora. La realidad, basada en una sospecha imperante e incrementada, es que España ha vivido en un letargo condicionada por directrices ajenas del conocimiento de la res pública y del sufragio universal, trampeadamente influida por arbitrariedades al margen del beneficio generalizado. Nada es casualidad, es una conclusión fruto de la observancia de los radicales cambios que, dada la profundidad insondable de sus consecuencias, no pueden adivinarse accidentales sin el impulso de intenciones con propósitos muy concretos y omitidos en el balance de lo aparente.

 

    Durante décadas el pulso ideológico se dirimía con la tendencia del apoyo grupal, considerando el conglomerado de la diversidad que constituía un país en los albores de sus designios democráticos que forjó su Historia aceptando la diferencia y consensuando los intereses. El pensamiento político  regía el destino con la uniformidad del criterio nacional y relacionaba las dispares ambiciones bajo un prisma de colaboración que atañía a los ciudadanos a través de sus representantes parlamentarios; en esa tesitura se erigió un plan de sedimentación de los valores constitucionales propios de un pensamiento único y vinculador.

 

    Frente al teórico humanismo político erasmiano que pretendía en sus postulados el liberalismo español encarnado por el Partido Popular, ha confrontado el maquiavelismo indisimulado y consistente del socialismo que direccionó las acciones políticas con moral de poder muy distinta a la comunicada ante el electorado. Aunque las diferencias de la tendencia ideológica se han acortado, pues a través de la corrupción ambos partidos no parecen mostrar demasiadas divergencias respecto a la ética de lo moral.

 

    Las dos disposiciones gobernaron con una pulsión desigual fruto de la intencionalidad de mayor o menor consentimiento democrático. La dicotomía ideológica al menos colegía las argumentaciones bajo un mismo proyecto conceptual de lo constitucional y por ende de la iniciativa de gobierno poco estatalizada con preponderancia en el acuerdo de la soberanía residida en el pueblo.

 

    Todo ha cambiado ahora. La actual irrupción de Podemos no participa ni del humanismo político ni de la cuestión maquiavélica, posicionándose un paso más allá en el radicalismo de Guiarccini, el severo crítico renacentista de la democracia  a la que condenaba como causante de la inestabilidad y el desorden.

 

    Acaso de aquella depreciación de la libertad, degenera de modo implacable la dictadura del proletariado que de forma incisiva aportaba un rol artificiosamente integrador al Estado coaccionando la autonomía del individuo. Tal cual es lo sucedido en Venezuela, aleccionada por el mismo consejo de sabios español que ha obtenido del descontento popular cinco escaños en las elecciones europeas, como expectativa de lanzadera para conquistar el poder definitivo de los sufragios municipales, autonómicos y generales.

 

    No es casualidad el eje troncal sobre el que la Constitución se convirtió en un sólido bastión institucional, como tampoco la deriva radical instruida en el logro democrático para acentuar la miseria resultante de un balance fracasado; surge el pensamiento radical que pretende formalizarse en la percepción ciudadana,  restando votos a la denominada casta, con una fórmula sociopolítica caduca e inasumible ya  para la confianza de la soberanía popular, anulada durante el gobierno de Mariano Rajoy por una intensificada estatalización de las voluntades que en teoría corresponden al pueblo.

 

    La modificación en el ámbito político que marca la identidad del extremismo asumido como una normalización de las tendencias sociales aceptadas en España, ha desdeñado la limpieza del criterio moral de Erasmo de Rotterdam e incluso la visión conceptual del socialismo español sobre la vertiente maquiavélica de la acción política, el fin justificando los medios, como rutina de confrontación ideológica, resultando ambas formaciones ser la razón pragmática que da argumentos fehacientes para testimoniar el declive sobre la teorización de Guiarccini, acerca de la condenación previa de la democracia en lo que ha resultado ser pensamiento profético, pronunciado en el Renacimiento, muy a propósito para la situación sociopolítica española. La batalla del pensamiento antes fue posible. Ese antes queda ya muy lejano.

 

    En el presente no existe pensamiento político vinculante con la realidad que acaece en España desde el año 2004  que explique mediante la batalla de la idea pública el desarrollo sociopolítico como causa espontánea propia de una evolución de acontecimientos, en verdad, imprevisibles y demoledoramente influyentes. El juego democrático  no está detrás de la radical modificación de los conceptos, antes inamovibles del consenso  y la solidaridad, anteriormente bajo un mismo prisma de progreso en España.

 

     Estas últimas décadas no hemos asistido a una contienda de ideas sino a un experimento de ventajista proyección con carácter pancista y secretamente realizado. La diversidad ideológica permanece en un fondo desconocido de ensayo político que se oculta en sus vertientes causales más allá de la percepción o la proyección histórica de la Transición, ahora en un lapso de caducidad que lejos de ser causal ha sido de continuo  provocado.

 

    Obviando la evidencia de las sospechas sobre la intencionalidad del momento político estamos a merced de estas delirantes ambiciones, surgidas de las sombras de la planificación oscurantista, que plantean sin miramientos la irrupción de regímenes basados en el totalitarismo y la exclusión de carácter sectario sobre conceptos políticos que han resultado fracasos subyugando a otros países demolidos mediante un populismo amenazante ahora  en España. Por primera vez se contempla la factibilidad de importar fórmulas ideológicas que empobrecen al resto del mundo. Todo en el seno de un Occidente presa de extremismos que, por el contrario que en España, se desdibuja de la moderación en Francia para apuntalar las disposiciones ultraderechistas de Le Pen.

 

   Extremos que se tocan en la desestabilización y la ruptura de la unificación incluso europea que dan un rumbo muy contrario a las alternativas políticas que ,después de muchas décadas de funcionalidad,  han fracasado ante el empuje de la inminente influencia de la crisis de identidad nacional a la que aspiran los radicalismos.

 

[Img #6802]

 

     En España, a diferencia de nuestros vecinos franceses,  no hubo nada improvisado para desembocar en el ultra izquierdismo paulatinamente imperante. Francia no ha tenido un 11-M.   Los acontecimientos enlazados que han radicalizado durante diez años el destino sociopolítico obedecen a maniobras más allá de la voluntad ideológica para convertirse en un práctico campo de experimentación, con el fin de modificar las premisas trascendentales del concepto institucional. Marzo de 2004, en los prolegómenos de unas elecciones generales, fue  inicio sorpresivo acentuando el carácter de lo premeditado, de una modificación drástica que conllevaba el objetivo de un cambio de régimen debilitando los  profundos pilares asentados sobre una etapa constitucionalista pareja en la prolongación del tiempo al franquismo durante 40 años. Parece que alguien decidió un relevo generacional en esa simetría temporal que marca los destinos políticos del español cada cuatro décadas.

 

    El 11-M es más evidente cuanto más se vislumbra el clarificador plano cenital que otorga el pasar de los años y el desarrollo de los acontecimientos. Prolijamente se ha debatido sobre el engaño o no de la manipulación de pruebas o del origen intelectual que perpetró la matanza y las conclusiones pueden ser tan erráticas como veraces, condicionadas por la defensa de los intereses y beneficiados-muchos de la misma cuerda  con el atentado que marcó indefectiblemente el sino del país- como por los perjudicados. Pero más allá de la axiomática defensa de lo manipulado o no, el tiempo argumenta las razones que conducen a la intencionalidad sin cuyo reflejo de una matanza irresoluta habría sido imposible la modificación enérgica que ha logrado cuestionar una estabilidad constituyente, formalizada durante cuarenta años. Las pruebas pueden ser borradas, no así el rastro histórico que conllevó el punto de inflexión del 11 de Marzo. Existe una intención que es corroborada por el devenir de acontecimientos derivados del advenimiento del zapaterismo que implosionó la conceptuosidad  extensamente trabajada de la razón institucional bajo un prisma compartido. 

 

    No hemos sido testigos de un pulso ideológico. El único pragmatismo de las ideas ha sido aquél que se ha ocultado ante el Parlamento, coadyuvando en una implícita desvaluación de propósitos que bien ha tendido a la doble moral maquiavélica acerca de solapar el propósito del poder respecto a la intención legítima en la fidelidad con la soberanía popular que refrenda la Constitución de 1978. La batalla ideológica se ha librado bajo las sombras de un involucionismo que no ha buscado la proyección de España en un futuro acorde con la deliberación de intenciones que llevaron a la firma consensuada de la Carta Magna, existiendo factores decisivos que han obrado un desconcierto público después de haber sido pergeñados en las sombras, con muy calculado revisionismo teórico de las consecuencias una vez experimentados en la sociedad; una cobaya social y generalizada a merced de un cientifismo político particularmente manipulado y desintegradoramente eficaz.

 

    No puede entenderse la finalidad de tantos propósitos sino bajo la incertidumbre de un pacto cuyo fin último es una regeneración política basada, paradójicamente, en los retrógrados postulados de un frente populismo que reverdeció facilitando la expansión del secesionismo con la clave discutida y discutible del concepto de nación que ha sido digresión imprescindible de los principios constitucionales durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, para intensificar la deriva independentista con el fin de convertirse en una amenaza contra la integridad territorial española.

 

    Del divide y vencerás deviene el resto de actuaciones que no son casualidades ni consecuencias imprevisibles, sino el resultado de un pactismo que ha dejado fuera la voluntad del ciudadano, usándolo como ariete contra sí mismo en la decisión por sufragio universal. No podría haber existido mejor pacto de los verdugos que logrando, mediante el engaño desde las sombras, que sean elegidos por sus propias víctimas. La decadencia así está firmada por los mismos que son imprescindibles elementos para conseguir los objetivos políticos que no se explican en ningún programa electoral.

 

    El Pacto de la decadencia del país será el triunfo del radicalismo que ha esperado décadas constitucionalistas para desenmascarar a los firmantes de los pactos democráticos. Otros urdieron una estrategia paralela a largo plazo que ya ha llegado a su culmen en un libro de disolución cuyo prólogo, con fecha de Marzo, facilitó que se escribiera  el pretendido epílogo de la disolución definitiva de España.

 

    La Retro-España del siglo XXI que viaja en el tiempo con las raudas alas del empeño por un suicidio colectivo al que unos pocos, con ambiciones inconfesables, han abocado a la mayoría. Las urnas decidirán pero otros ya parecen haber acordado en los despachos el experimento democrático que nunca fue en libertad.

 

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