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Ignacio Fernández Candela
Domingo, 28 de mayo de 2017
Una camarilla secesionista y golpista en contra de Cataluña

¿Aplicación del artículo 155?

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Probablemente se convierta en un espectáculo televisado con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército cumpliendo su cometido en la aplicación del artículo 155.

  En contra de los mayoritarios intereses de Cataluña está la minoría golpista que pretende engañar y someter a sus ciudadanos. Los hechos demuestran que Pujol es solo la gruesa punta del iceberg de la corrupción independentista.

 

Según parece, a falta de comprobar si se trata de una bravuconada más, existe fecha para un golpe de estado propiciado por una tabernaria pandilla de politicastros que, después de esquilmar durante décadas a Cataluña, pretende evitar la acción de la justicia que debería juzgarlos como delincuentes; como simples estafadores  fuera del disimulo de lo político, esgrimido para encubrir fechorías comunes.

 

Dar voz a los estafadores de una sociedad, a los consentidos de un perjudicial latrocinio autonómico, es un error que ha dejado demasiado margen de actuación  y nos aboca a un punto de inflexión en defensa de la integridad española; en propia defensa también de una Cataluña tomada por la intransigencia sectaria de vividores sin escrúpulos que han mamado durante impunes décadas de la teta central. En vez de dosificarles las codicias de autogestión, por el contrario se dieron demasiadas alas a la quimera de la independencia hasta convertirla en un esperpento de vergüenza ajena. Observando a la familia Pujol, baluarte del engaño catalanista, se comprende la huida hacia delante de cuantos están pringados de pudrición al más alto nivel.

 

Seguro que los delincuentes argumentarían muchos pretextos para delinquir si se les diera pie para expresarse en vez de afrontar la persecución policial y la condena de un tribunal. Si la ley fuera permisiva el ejecutor de un delito podría excusar sus actuaciones y manipular cualquier sociedad para que ese delito fuera considerado legal. Una absurda aberración contra el sentido común que sin embargo el secesionismo catalán piensa llevar hasta sus últimas consecuencias, al romper  todo reglamento, orden establecido y consenso constitucional, además del precepto de acatamiento que todo ciudadano debe asumir so pena de transgredir y por ello ser juzgado como actuante delictivo.

 

Cuando no se respeta el juego común de la coexistencia política y social, se tiende a normalizar los extremismos que son siempre perjudiciales para la sociedad que los permite.

 

Aun siendo una aberración, desgraciadamente, la politización de la Justicia ha sido el detonante y responsable de los desafíos que van a poner a prueba la eficacia de un Estado de Derecho sólido y defendible. De producirse el golpe de estado del independentismo probablemente se convierta en un espectáculo televisado con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército cumpliendo su cometido en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Porque de tanto facilitar la actuación delictiva con el beneplácito de una judicatura vendida al mejor postor, vamos a enfrentarnos con los fantasmas guerra civilistas en las mismas circunstancias que las provocadas por el gobierno de Companys en 1934. No será por esos que han conseguido retrotraernos a los tiempos de conflictividad que no se vaya a facilitar la acción imperativa del Estado para proteger los intereses de todos los ciudadanos. ¿O sí?

 

Las reglas hay que cumplirlas y más la Ley. Todo lo que está al margen  del orden debe ser acotado y  rescindido como sucede en todos los países con organización de estado democrático.  El problema en España es que el orden jurídico ha demostrado su carácter corrompido y de las grietas del relativismo judicial ha manado el agua envenenada desde los tiempos de la Transición.  Una Transición de la que sabemos ahora sus imperfecciones maquilladas, mientras se pudo, por el saqueo continuado de las arcas hasta arruinar el país entero, principalmente con la gestión de la Administración Pública. 

   

Los independentistas desafían  parapetándose tras el conflicto social.  Es prudente la diplomacia para convencer al delincuente de que no merece la pena saltarse las normas legales, mientras haya rehenes que proteger. Mejor es, con el cálculo del riesgo, someter al rebelado contra la norma con el imperio de la ley que protege los derechos soberanos, en este caso del pueblo español, incluida la mayoría de la población catalana presa del delirio secesionista que impunemente hasta ahora ha encontrado en la condescendencia de los tribunales la oportunidad para extenderse como un virus que compromete la salud catalana y española.

 

Con la ley como defensa del orden constitucional el golpe de estado ha de ser neutralizado, opinan millones de ciudadanos. Repitiendo la Historia si es necesario en esta España del siglo XXI tan parecida a la de hace ochenta años, salvo en los tiempos con factores de convivencia más arraigados pese a los intentos por avivar los odios de la confrontación civil.

 

En lontananza se divisa un golpe de estado que sería contrarrestado por el orden constitucional y el equilibrio de las reglas democráticas que marcan derechos y obligaciones a todos los ciudadanos. Ha llegado demasiado lejos la aventura local que se originó con la lacra de las autonomías: los reinos de Taifas que han crecido a la vera del centralismo hasta que, despóticamente, se han dosificado el botín en busca de mayores codicias.

 

Si prescindimos de la justificación política, todo lo que se debería imputar forma parte de un amplio historial delictivo que de ser juzgado corroboraría las condenas derivadas de la corrupción, el latrocinio y  la estafa comunes en el ámbito carcelario donde otros delincuentes penan sus delitos.

 

Sin diferencias.

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